• El balance de la Secretaría de Paz pone en cuestión la figura de Jonan Fernández

    • PSE y PP observan con interés el reciente giro de Urkullu de elevar la exigencia a ETA

Hay muchas maneras de evaluar una gestión. Una la ha utilizado esta semana Jonan Fernández para hacer una valoración «muy positiva» de la andadura del Plan de Paz y Convivencia que presentó hace más de un año y que el Gobierno vasco aprobó en noviembre: 17 de las 18 iniciativas que contenía el documento llamado a gestionar el final de ETA -realizar informes, presentar programas, seguir atendiendo e las víctimas, etc.- están ya en marcha. Detrás del balance numérico, sin embargo, late una realidad más compleja: en ese tiempo, algunos de los pactos que el PNV había alcanzado en las legislaturas anteriores con el resto de los partidos que han sufrido el terrorismo se han roto.

«Quien pretendía llegar a microacuerdos entre todos lo que ha conseguido es dinamitar los que había», señala un veterano dirigente socialista. «Fernández habla de acuerdos pero no los practica», añade un parlamentario popular. La esperanza de ambos partidos estriba en que los últimos gestos del lehendakari Iñigo Urkullu distanciándose del discurso de Fernández e insistiendo en elevar la exigencia a la izquierda abertzale que alentó y cobijó a ETA supongan un cambio de rumbo de cara al próximo curso. Pero no está claro.

Gestos a los presos

Fernández ha anunciado para otoño la presentación de un plan de reinserción para el que carece de competencias

Fernández (Tolosa, 1962), concejal de Herri Batasuna entre 1987 y 1991, abanderó entonces con éxito la estrategia de la negociación para que las instituciones aceptaran un objetivo de ETA, cambiar el trazado de la autovía de Leizaran. Después profundizó en esa forma de entender la consecución de la paz creando Elkarri, predecesora de Lokarri. Como secretario de Paz y Convivencia de Urkullu, su principal propuesta pública ha sido el citado plan para el período 2013-2016. Lo presentó en junio del año pasado sin negociarlo previamente con la oposición, mientras aseguraba que lo fundamental en materia de convivencia son los acuerdos. El documento recibió críticas de fondo muy duras de PSE, PP y UPyD por su relato «equidistante» entre el terrorismo de ETA y la denominada violencia del Estado, pero apenas cambió en su versión final.

Mientras sus proyectos han ido materializándose -un informe contable sobre «todas las víctimas», otro sobre torturas, un remodelado programa para las aulas…-, Fernández se ha movido fundamentalmente en el entorno de la izquierda abertzale. Ha realizado propuestas de solución colectiva para los presos de ETA tanto a los dirigentes de Sortu como al colectivo de presos fieles a la banda, el EPPK, sin ganarse la confianza del Gobierno de España -que es quien tiene las llaves de las cárceles- ni de las asociaciones de víctimas del terrorismo. De forma paralela se han ido desmoronando las relaciones y los acuerdos con el resto del arco parlamentario.

Instituto de la Memoria

Las conversaciones se retomarán tras el verano, pero PP y PSE desconfían de las intenciones del PNV y de Fernández

El primer pacto roto, ni siquiera incorporado a la primera versión del plan y desdeñado por Fernández en la práctica, fue el que se había tejido en torno al denominado «suelo ético y democrático», un texto que llama a la desaparición de ETA y a la deslegitimación del terrorismo y también reconoce la existencia de actos de contraterrorismo ilícito por parte de instituciones o agentes del Estado.

Poco antes de las elecciones de octubre de 2012, PSE, PP, IU y los parlamentarios disidentes de Aralar lograron consensuar ese texto para que cuando la izquierda abertzale ya legalizada volviera al Parlamento Vasco tuviera que partir de ahí si quería negociar acuerdos en esta materia, por ejemplo sobre los presos. La negativa de EH Bildu a aceptarlo ha desbaratado la ponencia parlamentaria de paz y convivencia que al principio de la legislatura reunió a puerta cerrada a nacionalistas, abertzales y socialistas, que la abandonaron en septiembre. El PNV culpa de ello al PSE, que insiste en que es el partido de Andoni Ortuzar quien no ha querido mantener esa exigencia a la antigua Batasuna.

Los acuerdos que el PNV y PSE habían labrado, a menudo con la asunción de un PP más o menos conforme, también se han quebrado en lo que respecta al Mapa de la Memoria, que consistía en colocar placas u otros tipos de monumentos en los lugares donde asesinaron ETA y otros grupos terroristas como los GAL. De forma velada, Fernández decidió hace poco ampliar ese universo al de las víctimas de abusos o excesos policiales, con el único respaldo de EH Bildu.

Txema Urquijo

Su salida ha dejado al descubierto las paradojas de quien está llamado a forjar acuerdos entre diferentes

Otro ejemplo es el Instituto de la Memoria y la Convivencia, un centro que recordará a las víctimas de la violencia por motivos políticos desde la Guerra Civil hasta hoy, y que lleva paralizado en el Parlamento desde la legislatura anterior. Las conversaciones se retomarán a la vuelta del verano, pero socialistas y populares desconfían seriamente de las intenciones del PNV y sobre todo de Jonan Fernández.

En el campo de la memoria también ha quedado en suspenso el acuerdo entre PSE y PP en torno al Memorial para las Víctimas del Terrorismo, de carácter nacional y dependiente del Gobierno español, después de que Fernández indicara en su plan que éste dependería del instituto autonómico.

La forma de reconocer y reparar a las víctimas de abusos y excesos policiales, por otra parte, ha acabado en los tribunales. El PSE, no sin ciertas críticas internas, dejó aprobado un decreto que amparaba a estas víctimas por hechos ocurridos entre 1960 (los inicios de ETA) y 1978 (la Constitución). El Gobierno central, ya en manos de Rajoy, no lo recurrió tras negociar varios aspectos con la entonces consejera vasca de Justicia, Idoia Mendia. Sin embargo, Fernández ha incorporado una serie de cambios no pactados con el Ejecutivo de Rajoy ni con el PSE que han empujado a la Abogacía del Estado a recurrir el decreto al considerar que convierte esta vía de indemnizaciones en un «cajón de sastre» para reconocer a víctimas sin pruebas. Todo esto ha generado una importante frustración en muchas víctimas de este tipo de actuaciones policiales que en muchos casos no tienen nada que ver con ETA y su mundo y que consideran que el Gobierno español las sacrifica para evitar alimentar el relato de la guerra entre dos violencias enfrentadas.

Otra de las brechas abiertas con la oposición no nacionalista y con los colectivos de víctimas ha sido la destitución de Txema Urkijo, abogado procedente de Gesto por la Paz y número dos de Maixabel Lasa en la Dirección de Víctimas del Terrorismo, primero con el PNV y después con el PSE. Su presencia en el equipo de Fernández era un guiño del lehendakari y una forma de mantener el lazo con las asociaciones de toda España, pese a las críticas que el propio Urkijo ha suscitado entre no pocas, como Covite y la AVT. La decisión de Urkullu de destituirle en abril tras meses de incompatibilidad plena con Fernández dejó al descubierto las paradojas de quien está llamado a forjar acuerdos entre diferentes, y enfrentó ya de forma clara al secretario de Paz con socialistas, populares y con muchas figuras de la universidad y otros sectores cercanas a la extinta Gesto por la Paz.

Dos meses antes de aquella crisis, el trabajo de Fernández ya había quedado cuestionado cuando el esperado desarme de ETA se redujo a la muestra (ni siquiera entrega) de un ínfimo puñado de armas a los llamados verificadores internacionales. Una imagen que el Gobierno vasco, en especial Fernández, había pronosticado como histórica y que se ha convertido en objeto de chistes.

El viraje de Urkullu

A ello se une que en los últimos meses el EPPK tampoco ha avanzado como se esperaba -los presos han asegurado que asumen la legalidad pero no han actuado en consecuencia, y al menos de momento no hay un atisbo de autocrítica-, mientras que la izquierda abertzale sólo ha enviado a Pernando Barrena al homenaje a una víctima -Joxe Mari Korta-. Parece que, con todas esas dilaciones y promesas incumplidas por parte de la banda terrorista y su mundo, Urkullu está virando el timón.

El primer gesto en ese sentido fue su rechazo a reunirse con los mediadores internacionales que mantienen contactos con ETA, Jonathan Powell y Martin McGuinness, antes personas de su confianza y avalados por Fernández. Urkullu lo explicó poco después, el 19 de julio: «No debía prestarme a un juego que no tiene ningún compromiso de futuro», dijo. Reprochó a la banda y a EH Bildu que no hayan cumplido su palabra de efectuar el desarme e impulsar el proceso pese a que él se «mojó» al asumir «todos los riesgos habidos y por haber» cuando respaldó personalmente a los verificadores que debían levantar acta del desarme, acompañándolos incluso a la Audiencia Nacional cuando los jueces quisieron saber de su reunión filmada con ETA.

Después llegó otra entrevista en la que el dirigente nacionalista avaló por primera vez de forma contundente la vía Nanclares creada por Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro y Patxi López como lehendakari para dividir al colectivo de presos de ETA, y basada en acercar al País Vasco e incluso conceder permisos o la libertad condicional a los reclusos que rompen con la banda, piden perdón a las víctimas y se comprometen a colaborar con las autoridades, como figura en la legislación.

La deslegitimación del terrorismo por parte de quienes se mancharon las manos matando compromete a una izquierda abertzale que no ha ido tan lejos y que rechaza visceralmente a quienes considera arrepentidos, como hizo con Yoyes. Por eso la defensa de esta vía por parte del lehendakari y su exigencia de que ETA se desarme y de que la izquierda abertzale revise críticamente su pasado, han empeorado las relaciones entre PNV y Sortu, que acusa a Urkullu de «dar un cheque en blanco» a Rajoy para que siga ejerciendo «la violencia contra los presos y sus familiares».

La incógnita que albergan este verano los dirigentes de PSE y PP es qué alcance tendrá el giro del lehendakari en el próximo curso político, con unas elecciones municipales y forales en mayo de 2015 que pondrán otra vez a prueba la resistencia del PNV ante el temido rival abertzale. También está en duda cómo compatibilizará Urkullu ese discurso con el de un secretario de Paz que, aseguran, «ya no es interlocutor para nadie», ni para la clase política vasca ni para el Gobierno español, y que anuncia para otoño la presentación de un plan de reinserción de presos para el que carece de competencias.

Fecha: 18 agosto 2014

Fuente: http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/08/18/53f1c06be2704e4c2c8b456b.html