• La Abogacía del Estado recurre el decreto de indemnizaciones modificado por Jonan Fernández

  • El Gobierno vasco asume que esto ‘pone potencialmente en duda’ sus trabajos

Los miembros de la llamada Comisión de Valoración de víctimas de excesos y abusos policiales entre 1960 y 1978 Manuela Carmena y Carlos Martín Beristain han reclamado hoy en el Parlamento Vasco “diálogo político” y no “controversia política” para evitar que estas personas sufran una “victimización secundaria” después del efecto “reparador” que está teniendo para ellas ser escuchadas y reconocidas como víctimas por parte del Gobierno vasco. Ha sido su petición clave ante la situación en la que se encuentra este grupo de trabajo compuesto por miembros del Gobierno vasco y por expertos debido al recurso judicial que ha presentado la Abogacía del Estado contra la modificación del decreto vasco que fija su reconocimiento moral y sus indemnizaciones.

La Abogacía del Estado sostiene en su recurso que los cambios introducidos por Jonan Fernández -secretario de Paz y Convivencia en el Ejecutivo nacionalista- en el decreto procedente de la etapa socialista (2012) convierten esta vía administrativa en un “cajón de sastre” que le permite reconocer a “supuestas víctimas” sin “pruebas fehacientes”, de forma “arbitraria” e “inmotivada”, sin que se les exija “superar unos parámetros objetivables” para ser reconocidas como víctimas policiales en el contexto de la lucha contra ETA hasta la proclamación de la Constitución democrática, en 1978.

El cambio clave radica en que se ha eliminado la referencia a la legislación española de la Seguridad Social en favor del “Derecho internacional de derechos humanos”. El Gobierno actual, a diferencia del anterior, no ha acordado este decreto con el Ejecutivo de España, en manos del PP, y además su propio equipo en un informe interno del Departamento de Justicia advertía a la Lehendakaritza de que los cambios generaban “inseguridad jurídica”. Así que la batalla judicial no ha sido sorprendente, sobre todo en un tema tan sensible.

En este contexto, la Comisión de Valoración que, presidida por la directora de Derechos Humanos, Monika Hernando, analiza los casos que llegan a su ventanilla (escucha los testimonios, recopila pruebas documentales y también realiza pruebas periciales), ha acudido hoy por primera vez al Parlamento para explicar un trabajo que lleva realizando desde hace dos años, primero con Patxi López en el Gobierno y ahora con Iñigo Urkullu.

El grupo ha recibido hasta ahora 231 solicitudes. De ellas ha resuelto 63 casos, todos por unanimidad: ha estimado 56 casos (19 por fallecimiento, uno por incapacidad absoluta, 12 por incapacidad total, 8 por parcial, 12 por lesiones permanentes no invalidantes y cuatro reconocimientos sin indemnización porque ya estaban amparados por la Ley de Memoria Histórica), y ha rechazado los siete restantes. Las ocho primeras fueron reconocidas en la etapa del PSE. “No fueron accidentes”, ha subrayado Beristain, sino hechos “intencionados” o que no recibieron “una respuesta” por parte de las instituciones.

Los vocales de la comisión defendieron además el sentido de la reforma y explicaron que sólo busca resolver casos complicados en los que resulta imposible obtener un parte médico u otro documento oficial acreditativo. “Estamos hablando de hechos que en algunas casos se remontan a cincuenta años atrás. Es importante que podamos terminar nuestro trabajo. (…) Queremos terminar el trabajo con toda transparencia y responsabilidad y resolver casos de personas que llevan cincuenta años esperando justicia”, dijo Álvaro Gil-Robles.

Por su parte, Hernando ha reconocido que el recurso contra el decreto de victimas policiales pone “potencialmente en duda” el trabajo realizado hasta ahora por la Comisión de Valoración, y ha confiado en que esto no suponga “un paso atrás” para el reconocimiento a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Más tarde, una de las víctimas, Ana de Benito, que perdió la vista de un ojo por una pelota de goma en 1977, ha subrayado después que el recurso del Gobierno de Rajoy deja su reconocimiento en el aire y dijo que sólo puede entenderse desde “el desconocimiento”. “Tiene que ser porque no saben nuestros casos y no se dan cuenta que somos personas que no pertenecemos a ningún grupo, sino que somos simplemente víctimas. Que se informen, que se analice el trabajo de la comisión y que no nos dejen así: somos víctimas igual que las demás, no somos víctimas de segunda”, ha dicho a la prensa.

Fecha: 24/06/2014

Fuente: http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/06/23/53a86baf22601dd97f8b458f.html