El TS confirma la condena a Pamies y Ballesteros por revelación pero les absuelve de colaborar con ETA

El Alto Tribunal aprecia la gravedad de la conducta de los condenados

La Audiencia les impuso año y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación especial

Dos asociaciones de víctimas del terrorismo pedían la condena por colaboración

 

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un año y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público impuesta por la Audiencia Nacional al ex jefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros por un delito de revelación de secretos.

Tras una larga deliberación, el Alto Tribunal ha desestimado la pretensión de dos asociaciones de víctimas del terrorismo y del PP (personado como acción popular) de condenar a Pamies y Ballesteros de colaboración con ETA.

El Supremo ha resuelto por mayoría (4 votos frente a uno) que en este caso no es posible condenar por colaboración con ETA debido a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos impide revocar una absolución si para ello hay que contradecir las conclusiones fácticas establecidas por los magistrados ante los que se han practicado las pruebas del juicio oral.

Los magistrados han formulado votos discrepantes sobre el dolo (intención) de Pamies y Ballesteros cuando dieron el “chivatazo”y si ello constituiría o no una ayuda objetiva a ETA, al margen de que no puedan ser condenados por la aplicación de la doctrina de la Corte de Estrasburgo.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó el 16 de octubre de 2013 a un año y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación al ex jefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros por un delito de revelación de secretos y les absolvió de colaboración con ETA. [Sentencia de la Audiencia Nacional (PDF)]

El tribunal consideró probado que Pamies ordenó en mayo de 2006 a Ballesteros que contactara con el miembro destacado de la red de extorsión de ETA y dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosúa, para pasarle el teléfono desde el que iba a advertirle de que se iba a desarrollar de forma inminente una operación judicial y policial para detener a los implicados en el aparato de chantaje etarra a los empresarios.

El tribunal descartó el delito de colaboración porque “no estamos ante una acción directa de los acusados para favorecer la actividad de la banda terrorista, sino que fue guiada por la finalidad de que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA”.

La Audiencia dio especial relevancia al hecho de que el 17 de mayo de 2005 el Parlamento había aprobado por 192 votos a favor y 147 en contra (estos últimos, de los diputados del PP) una moción para que el Gobierno dialogara con ETA siempre que la banda dejara las armas.

Sin embargo, la Audiencia condenó a Pamies y Ballesteros por revelación de secretos y estimó que tratándose de una acción de los acusados realizada en el ámbito de la lucha antiterrorista contra el aparato de extorsión de ETA, su aviso a Elosúa causó un grave daño a la causa pública, independientemente de que dicho aparato de extorsión de ETA fuera detenido el 22 de junio de 2006.

La sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo recuerda que no procede la condena exnovo en casación de un acusado que haya resultado absuelto en el juicio de instancia (en este caso por colaboración con banda armada), cuando la condena requeriría entrar a examinar y modificar los hechos y ello exigiría la comparecencia de los acusados para ser oídos.

El Alto Tribunal aprecia la gravedad de la conducta de los condenados, que dieron a conocer “a los miembros de una red de extorsión terrorista las pesquisas y futuras acciones policiales en marcha, por lo que el daño derivado fácilmente se comprende que es grave por afectar no a una actividad aislada sino a un entramado organizativo de más difícil investigación ante una posible desaparición de pruebas o adopción de medidas precautorias, y ello al margen del intento de favorecer el proceso de negociación, dado que la vía subrepticia elegida suponía una clara quiebra de principios de actuación judicial y policial, con asombro de los propios informados, y que implicaba un menoscabo y entorpecimiento del servicio público y un grave descrédito del funcionamiento institucional de la administración”.

La sentencia lleva un voto particular disidente del magistrado Alberto Jorge Barreiro que entiende que debió de condenarse a los acusados por los dos delitos, aunque apreciando una circunstancia eximente de cumplimiento del deber. Hay otro voto particular concurrente del magistrado Miguel Colmenero, que considera, al igual que la mayoría, que hay que aplicar la doctrina de las sentencias absolutorias, aunque la conducta de los acusados, según éste juez, constituye objetivamente un acto de colaboración con una organización terrorista al permitir que los sospechosos de pertenecer al aparato de extorsión de la misma permaneciera en libertad y en posesión de parte del dinero obtenido con su actividad delictiva. La sentencia cuenta con un tercer voto concurrente del magistrado Andrés Martínez Arrieta, que habría preferido la absolución por falta de dolo.

Fecha: 15/07/2014

Fuente: http://www.elmundo.es/espana/2014/07/15/53c51165e2704e07408b4575.html?a=C1121b2993296d5ceb1eae281e3fb8eec24&t=1405438378